Iberdrola y Endesa exigen a Ribera 82 millones por parar el cementerio nuclear de Villar de Cañas

El Gobierno puso punto y final definitivo al antiguo proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) y aprobó un nuevo plan general de residuos radiactivos (PGRR) que descarta la opción de tener un sólo almacén nacional e impulsa la alternativa de construir siete cementerios nucleares, uno en cada una de las centrales nucleares.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado todavía por la vicepresidenta Teresa Ribera a la espera de su marcha tras las elecciones europeas del próximo junio, dio carpetazo al proyecto para albergar la instalación en Villar de Cañas y ha ordenado a Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, poner fin completamente a todos los procesos iniciados para su puesta en funcionamiento.

La patronal Foro Nuclear y las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares que la integran -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- han presentado sendos recursos en el Tribunal Supremo contra el nuevo plan general de residuos radiactivos del Gobierno y contra la decisión de finiquitar el proyecto de Villar de Cañas. Y como parte de la batalla legal las grandes eléctricas reclaman al Gobierno una compensación millonaria por las inversiones realizadas en el fallido almacén único y que se financiaron con las tasas que pagan las centrales nucleares, según confirman a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes del sector conocedoras del proceso.

Enresa, titular del proyecto de Villar de Cañas, asumirá un roto millonario en sus cuentas por el fin del proyecto y la pérdida de valor de todos los activos vinculados (los terrenos en que se ubicaría y las construcciones ya realizadas y las instalaciones técnicas levantadas). La compañía pública ya provisionó 82,5 millones de euros para hacer frente al deterioro de todo el activo vinculado al almacén temporal centralizado (ATC) que se había proyectado y que ya no se realizará, según se recoge en las cuentas e informe de gestión del grupo correspondientes a 2022.

Cesión gratis de los terrenos

Enresa ha recibido la orden expresa del Gobierno de ceder de manera gratuita los terrenos a una administración pública para que se emprendan proyectos de interés económico para la zona. Y la cesión obligatoria ha abierto ya una disputa entre las diferentes administraciones públicas interesadas en quedarse gratis con las más de 87 hectáreas de terreno dividido en tres parcelas y con los tres edificios ya construidos (uno de servicios múltiples, un laboratorio sin equipar y una nave industrial, en total con más de 4.000 metros cuadrados construidos). La Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Villar de Cañas han mostrado interés en tomar el control de las parcelas.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y la patronal nuclear que las agrupa reclaman la devolución al sector nuclear de “al menos” esos 82,5 millones invertidos en Villar de Cañas y que fueron pagados por las centrales, y que se haga antes de que se cedan los terrenos gratuitamente a alguna administración. Desde Enresa se apunta su preferencia por materializar la cesión de los terrenos antes de que termine este año.

Las plantas pagan a Enresa una tasa en función de la electricidad que produce cada una de ellas y que se acumulan en un fondo con el que se financia la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento de las propias centrales. Desde el sector nuclear se apunta que la manera más fácil de devolver el dinero invertido y ahora perdido en el proyecto de ATC sería reintegrarlo en el fondo de Enresa, aunque se podrían articular otras fórmulas.

Las centrales nucleares pagan a Enresa una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados. El Gobierno, en paralelo, prepara una fuerte subida del 30% de esta tasa que, en principio, elevaría el montante anual abonado por las centrales hasta el entorno de 585 millones anulares.

Las grandes eléctricas y Foro Nuclear han reclamado la devolución de “al menos” los 82,5 millones de euros vinculados a inversiones en el proyecto de ATC de Villar de Cañas precisamente en las alegaciones realizadas contra el proyecto de real decreto del Gobierno para subir la tasa que pagan sus centrales. Previsiblemente, las compañías también acabarán incluyendo esta reclamación como parte de sus recursos ante el Tribunal Supremo y en las posteriores demandas vinculadas a esta batalla legal.

El fiasco del ATC

Más de una década después de la aprobación de la elección de Villar de Cañas para acoger el depósito de basura nuclear por el Gobierno de Mariano Rajoy y tras más de un lustro desde la paralización de la tramitación por parte del recién estrenado primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, el ‘no’ definitivo no ha llegado hasta ahora.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumulaba ya un enorme retraso cuando se decidió en 2018 frenar los trabajos de licenciamiento que estaba desarrollando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018, pero para entonces en la localidad conquense seguía habiendo poco más que un solar. Hasta la suspensión de la tramitación, que ya el Ejecutivo actual considera definitiva, Enresa había adjudicado contratos para impulsar el proyecto por 92 millones de euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez renunció en 2018 a continuar con la opción de Villar de Cañas por los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del CSN y estudios independientes. Y el argumento actual para descartar un solo almacén nuclear y optar por construir siete instalaciones en las centrales nucleares ha sido que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de alegaciones del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado.

Desde el sector nuclear se reconoce que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear en su territorio, a pesar del interés de algunos ayuntamientos. De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page, mostró durante años de manera insistente y por todos los medios -con reformas legislativas y en los tribunales- su rechazo frontal a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas. La elección del municipio conquense para acoger el ATC fue aprobada en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando sí contaba con el respaldo de la Junta regional, entonces encabezada por la también popular María Dolores de Cospedal.